El 5 de abril de 1992: A 18 años de la afrenta a la constitucionalidad

C. Alfredo Vignolo G. del V.
Ex-Director General de Prensa y Comunicaciones del Senado de la República

El 5 de abril se conmemoró 18 años de la afrenta que provocó el ingeniero Alberto Fujimori quien, con el apoyo de la cúpula militar, arraso la constitucionalidad, disolviendo el Congreso de la República tras 163 años de existencia -el primero de setiembre de 1829 se realizó la primera sesión del Senado de la República, presidida por Andrés Reyes-, intervino el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Tribunal de Garantías Constitucionales y la Contraloría General de la República. Con el golpe cívico-militar se autodenominaron Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional, el cual convocó a una Asamblea Constituyente, llamada Congreso Constituyente Democrático (CCD), unicameral, presidido por Jaime Yoshiyama Tanaka –quien ahora resucitó muy orondo al lado de Keiko en plena campaña- el cual elaboró la nueva Constitución Política del Estado sometida a un referéndum amañado y que fue promulgado el 31 de octubre de 1993.
Ello significó el quiebre del sistema democrático y marcó el carácter inconstitucional del régimen del dictador y hoy juzgado Fujimori. El golpe fue aprobado por el 80% de la población según las encuestas, que admitieron la acción del “chino” el cual como consecuencia de esta audacia volvía a repuntar en su popularidad.
Hasta antes de alcanzar el sillón de Palacio de Gobierno el inefable Fujimori, la derecha estaba agrupada en el Frente Democrático (Fredemo) que incluía a Acción Popular (AP), al Partido Popular Cristiano (PPC) y al grupo Socialismo y Democracia (Sode). Mario Vargas Llosa, líder del Fredemo, centró su campaña en anunciar políticas de “shock” económico; la Izquierda Unida con Alfonso Barrantes Lingán quien ocupaba el primer lugar en las encuestas medio año antes de las elecciones se dividió.
El APRA tuvo que enfrentar el desgaste de sus últimos años de gobierno. En ese escenario apareció un desconocido en política Fujimori, ex rector de la Universidad Nacional Agraria (UNA); el cual se logró codear con pastores evangélicos que le hicieron una campaña puerta por puerta. A dos meses de las elecciones el “tsunami” Fujimori comenzó “in crescendo” hasta lograr un sorprendente segundo lugar en las encuestas con un 29.1%, el APRA alcanzó 22.5%, la Izquierda Unida 8.2% y Alfonso Barrantes 4.7%. Con esa votación pasó a la segunda vuelta junto con Vargas Llosa que consiguió el 32.6%.
El grupo parlamentario oficialista Cambio 90 no tenía mayoría en las Cámaras, por lo que se vio obligado a negociar alianzas. El sistema de los partidos políticos enfrentaban una seria crisis. Empieza así desde el gobierno una campaña de desprestigio contra los partidos tradicionales y el régimen político definido por la Constitución de 1979, sindicándolos como responsables del deterioro y la violencia política. Fujimori firmó más de un centenar de decretos legislativos que iban mucho más allá de las facultades otorgadas por el Congreso de la República.
El Poder Legislativo los derogó y esto provocó la irritación de Fujimori. En CADE de 1991 insinuó: “Que si el Perú no requería un emperador o un gobierno de diez años que pusiera en orden las cosas”, clarinada de alerta que no fue tomada en cuenta. Días después refiriéndose a los diputados y senadores los trató de “lavadores de dinero” lo que casi origina su destitución, por parte de los parlamentarios irritados con semejante improperio. La Cámara de Diputados era presidida por Roberto Ramírez del Villar y el Senado por Felipe Osterling Parodi.
El 3 de abril del 2003 se aprobó en el Congreso de la República con 74 votos a favor, 16 en contra y 3 abstenciones la vuelta a la bicameralidad, es decir, diputados y senadores. Han transcurrido 7 años y lo aprobado en el Congreso hasta el momento es letra muerta.
Durante toda la época republicana el Senado defendió la constitucionalidad en el país y afirmó los principios de justicia, libertad y democracia. Esperemos que el Senado que se instaure en el próximo gobierno –depende de los actuales congresistas- se ciña a los antecedentes históricos y a la vez a las exigencias modernas, de acuerdo tanto a la estructura constitucional del Estado como con satisfacer, con leyes justas y sabias, oportunas y de utilidad nacional, al pueblo, a cuyo servicio debe estar como resultado legítimo del mandato soberano